Resumen del escrito que SOMOS ha dirigido al Rector en relación a la falta de previsión de la Universidad a la hora de matricular alumnos con serias discapacidades, fundamentalmente en titulaciones donde las competencias en actividad física son una parte importante del desarrollo curricular.
En el escrito se denuncia que, tras la matrícula del alumno, el profesor, que desconoce estas circunstancias, carece de orientaciones sobre cómo actuar en las prácticas de las asignaturas, por lo que se considera que la responsabilidad de los docentes se ve gravemente comprometida.
Conocemos la existencia del Protocolo de actuación para favorecer la equiparación de oportunidades de los estudiantes con discapacidad en la Universidad (Díez el at., 2008), así como de las 19 listas de comprobación en las que se apoya dicho protocolo. En dicho documento se dice que la comunicación a los responsables de las adaptaciones se notificará de forma temprana, y que “se establecerá un sistema para el intercambio de la información entre el servicio de discapacidad y los servicios centrales de apoyo (profesorado, departamentos…) que asegure que el personal apropiado recibe la información sobre las necesidades concretas de los estudiantes con discapacidad de manera clara y temprana.
Los profesores conocen la necesidad de realizar adaptaciones individuales, pero también entienden que las variaciones de las pruebas de competencia no deben comprometer elementos esenciales sobre la verificación de obtención de competencias (adaptaciones no significativas). También entienden que dichas adaptaciones siempre suponen un sobreesfuerzo extraordinario para los docentes, y que dichas adaptaciones suponen una individualización extrema del proceso de enseñanza-aprendizaje, que debería ir acompañada de una disminución de la ratio o en su defecto contar con personal de refuerzo, como en otras instancias docentes. Además no disminuir el ratio conllevará un aumento del riesgo en la práctica para el propio alumno con necesidades de adaptación.
Es por todo ello SOLICITAMOS:
Que se cree un protocolo específico en la Universidad para actuar cuando un alumno con discapacidad accede a una titulación. En el caso de existir dicho protocolo, que se asegure que el personal docente recibe la información sobre las necesidades y limitaciones concretas de los estudiantes con discapacidad de manera clara y previamente a la incorporación del alumno.
Que la Universidad tenga en cuenta la imposibilidad para el docente de adaptaciones en determinados tipos de prácticas, máxime en grupos numerosos. Por lo tanto que valore el riesgo que puede suponer para determinados casos de discapacidad las prácticas en grupos numerosos. En el resto de niveles educativos, la ratio se reduce en casos de alumnado con discapacidad.
Que la Universidad asuma cualquier responsabilidad para el docente que se derive de las prácticas con alumnado con discapacidad.
Que se compruebe en primera instancia por un comité de expertos, analizando cada caso concreto, si el logro de las competencias de una titulación puede verse comprometido para el alumno, ya que las adaptaciones de las metodologías e incluso de las pruebas de evaluación que son necesarias para atender a la diversidad, siempre debe tratarse de adaptaciones no significativas, que no comprometan el logro de las competencias de la titulación.
Finalmente, queremos manifestar que abogamos por la atención de las necesidades educativas especiales del alumnado universitario con el fin de garantizar el principio de igualdad de oportunidades, pero consideramos que las condiciones de trabajo del personal docente deben valorarse dando respuesta a estas peticiones.